Tras los cortes que dejaron sin luz a más de 600 mil usuarios en Salta y Jujuy, el Gobernador denunció “negligencia severa” y exigió sanciones, auditorías e inversiones urgentes.
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, elevó el conflicto por los reiterados cortes de energía en el norte del país al plano nacional y reclamó sanciones y mayores controles sobre la empresa Transnoa, responsable del transporte eléctrico en alta tensión en la región.
Durante una reunión de trabajo con el secretario de Coordinación de Energía y Minería de la Nación, Daniel González, el mandatario exigió la intervención del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y planteó la necesidad de auditar las inversiones y la capacidad operativa de la transportista, tras los apagones que afectaron a más de 600 mil vecinos de Salta y Jujuy.
Sáenz, acompañado por la senadora nacional Flavia Royón, entregó al funcionario nacional la denuncia administrativa presentada de manera conjunta por el Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta y la Secretaría de Energía de Jujuy, en la que se responsabiliza a Transnoa por la interrupción del suministro durante más de siete horas acumuladas entre jueves y viernes pasados.
Según se expuso, las fallas se produjeron en líneas de alta tensión bajo jurisdicción nacional, un punto clave del reclamo, ya que las provincias no tienen injerencia directa sobre el sistema de transporte eléctrico. En ese marco, el Gobierno salteño remarcó que la empresa evidenció falta de inversiones, infraestructura insuficiente y una base operativa ineficiente para responder ante situaciones de emergencia.
El episodio se originó tras la crecida del río San Francisco, que afectó la línea de alta tensión sobre la ruta 5 y forzó a operar por una vía alternativa desde Ledesma hacia Pichanal. Sin embargo, la respuesta de la transportista fue duramente cuestionada: Transnoa habría demorado más de tres horas en enviar personal técnico al lugar, pese a tratarse de una contingencia previsible.
Para el Gobierno provincial, esta demora expuso una grave indisponibilidad logística, incompatible con una empresa que percibe ingresos del sistema eléctrico nacional. Por ese motivo, la actuación fue calificada como “negligente”, y se reclamó que el ENRE avance con medidas más estrictas para garantizar que la transportista mantenga operativas sus instalaciones y cumpla con los tiempos de respuesta que establece la normativa vigente.
El planteo de Sáenz busca marcar un límite político e institucional: que los cortes de energía en el norte dejen de ser una consecuencia aceptada de la desinversión y pasen a tener responsables claros y sanciones concretas.
