El exintendente de Morillo será juzgado desde el 2 de marzo en una causa federal por contrabando, robo agravado de rieles del Belgrano Cargas y malversación de fondos públicos.
El exintendente de Morillo, Atta Gerala, comenzará a ser juzgado el próximo 2 de marzo en el marco de una causa federal de alto impacto institucional, en la que está acusado por contrabando agravado, robo agravado de rieles del Ferrocarril Belgrano Cargas y malversación de caudales públicos. De ser hallado culpable, podría recibir una pena de hasta 11 años de prisión, además de la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.
Según la acusación fiscal, Gerala deberá responder como autor de los delitos de contrabando de mercadería triplemente agravado —por la cantidad de personas intervinientes, su condición de funcionario público y el valor económico de la mercadería— en concurso real con robo agravado cometido en despoblado y en banda, y malversación de fondos públicos.
Actualmente, el exjefe comunal transita el proceso en libertad provisoria, pese a la gravedad de los cargos y al volumen de pruebas incorporadas al expediente.
Gerala fue destituido de su cargo el 20 de noviembre de 2024, apenas ocho días después de haber sido imputado por el fiscal general Eduardo Villalba, quien encabezó la investigación por el robo sistemático de rieles del ramal C-25 del Ferrocarril Belgrano Cargas, una maniobra delictiva que se habría sostenido durante varios meses en el chaco salteño.
En el mismo debate oral también será juzgado el exsuboficial ayudante Daniel Alejandro Rodríguez, acusado de haber recibido dinero a cambio de permitir el traslado del material ferroviario robado. En su caso, la expectativa de pena alcanza los tres años de prisión, además de la inhabilitación para ejercer funciones públicas.
Condenas previas
La causa ya registra tres condenas a través de acuerdos previos. Entre los sentenciados se encuentra Miguel Gerala, hijo del exintendente, condenado a seis años de prisión como coautor de contrabando agravado, robo agravado y cohecho activo. La misma pena recibió el comerciante David Edilberto Medina, mientras que el exsargento de Gendarmería Jorge Fernando Cabrera fue condenado a dos años de prisión en suspenso por cohecho pasivo.
Una red de contrabando
La investigación se inició en agosto de 2024, tras una denuncia del Correo Argentino por el envío de encomiendas sospechosas que contenían más de 480 neumáticos ingresados ilegalmente desde Bolivia. A partir de escuchas telefónicas y tareas de campo, la fiscalía logró reconstruir una estructura criminal organizada que combinaba contrabando de mercadería y exportación ilegal de material ferroso.
Las pericias permitieron establecer que los rieles eran sustraídos en el tramo comprendido entre Padre Lozano y Morillo, utilizando mano de obra de comunidades originarias, además de maquinaria y vehículos pertenecientes al municipio. El material era trasladado a Orán y luego a Salvador Mazza, desde donde cruzaba ilegalmente la frontera hacia Bolivia, con la presunta complicidad de efectivos de fuerzas de seguridad.
El juicio que comenzará en marzo se perfila como uno de los procesos judiciales más relevantes del último tiempo en la provincia, tanto por la magnitud de los hechos investigados como por el rango institucional de los imputados.
