La Justicia acusó al exdiputado nacional por Salta de haber utilizado recursos públicos para montar una estructura de fake news en redes sociales con fines políticos.
La Justicia salteña dio un paso clave en una causa de alto impacto institucional: este jueves, el exdiputado nacional Emiliano Estrada fue formalmente imputado por peculado de servicios y abuso de autoridad, en el marco de una investigación que lo vincula con una presunta red de desinformación financiada con fondos públicos.
La decisión fue tomada por la jueza de Garantías N.º 2, Mariela Giménez, luego de rechazar seis planteos de nulidad presentados por la defensa. Estrada quedó imputado por dos hechos de abuso de autoridad que concurren entre sí, en concurso ideal con dos hechos de peculado de servicios, delitos que —según la acusación— habrían sido cometidos durante su mandato como legislador nacional.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, los hechos investigados incluyen el uso de recursos del Congreso de la Nación para fines ajenos a su destino legal. En particular, la causa apunta al funcionamiento de una campaña sistemática de fake news en redes sociales, orientada a difundir contenidos falsos o manipulados con el objetivo de desacreditar a dirigentes políticos, empresarios y periodistas de la provincia de Salta.
Lejos de tratarse de acciones aisladas, la fiscalía sostiene que existió una estrategia organizada de desinformación digital, sostenida en el tiempo y apoyada en medios estatales o asimilables. La investigación se extendió durante varios meses y estuvo marcada por reiteradas dilaciones, atribuidas a la condición de aforado que Estrada mantuvo hasta el vencimiento de su mandato, ocurrido el mes pasado.
Con la pérdida de los fueros parlamentarios, la audiencia de imputación finalmente pudo concretarse, habilitando el avance del proceso judicial. Si bien la imputación no implica una condena y el exlegislador conserva el principio de inocencia, el caso provoca un fuerte sacudón político en la provincia, al combinar presuntos delitos contra la administración pública con prácticas de manipulación informativa en el ecosistema digital.
