La Justicia dispuso la exclusión provisional de 2.150 ciudadanos tras una investigación que detectó registros inconsistentes en el listado de la localidad de Aguas Blancas, que limita con Bolivia. El riesgo del crimen organizado
La resolución, firmada este viernes por el juez federal Julio Leonardo Bavio, le pone punto final a una investigación iniciada más de dos años atrás y que ya había generado medidas previas sobre los registros de electores.
La medida afecta exactamente a 2.150 ciudadanos cuyos nombres estaban vinculados a supuestos domicilios en calles y direcciones que no pudieron verificarse luego de la verificación oficial.
El documento judicial advierte sobre la existencia de un desfase importante entre habitantes censados y electores registrados: mientras el censo de 2022 cuenta 3.648 habitantes en Aguas Blancas, los padrones habilitaban a 5.736 personas a votar en el municipio. En una retrospectiva mayor, el padrón de Aguas Blancas creció casi un 75% entre 2015 y 2025, mientras la población solo aumentó un 52% en el mismo lapso.
La denuncia fue presentada en 2023 por un dirigente de Juntos por el Cambio, quien señaló el cruce masivo de personas provenientes de Bolivia en jornada electoral, una práctica impulsada por la facilidad para tramitar documentos argentinos y así acceder a subsidios o apoyos estatales.
Tras ello, el expediente comenzó a sumar informes de la Secretaría Electoral, del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y de la Policía de Salta, más testimonios y relevamientos a campo realizados con drones y personal de seguridad durante meses de trabajo.
