La defensora oficial de Marina Córdoba, Liza Medrano, advirtió que el proceso judicial contra el intendente de Vaqueros —acusado de abuso sexual simple— fue demorado por una serie de planteos y recursos presentados por la defensa, que evitaron que el juicio tuviera fecha antes de su asunción. El expediente está ahora en la Corte, y una eventual audiencia deberá requerir desafuero.
A pocas horas de que Daniel Moreno, intendente de Vaqueros, jure como senador provincial, la causa en la que está acusado por abuso sexual simple permanece sin fecha de juicio. Según explicó Liza Medrano, defensora oficial de Marina Córdoba —la mujer que lo denunció—, el expediente avanzó hasta el punto de encontrarse en condiciones de ser debatido oralmente, pero la defensa del acusado desplegó una serie de planteos que terminaron trasladando la definición a la Corte de Justicia.
Medrano detalló que la última audiencia se realizó en mayo de este año. Desde entonces, el avance quedó detenido: “La defensa técnica del acusado hizo planteos seguidos de recursos. Entendemos que fueron medidas dilatorias, justamente para evitar que se fije la audiencia de juicio antes de que asuma”, señaló.
El punto central de esa estrategia fue un planteo de prejudicialidad en el que la defensa sostuvo que el juicio no podía avanzar hasta que se resolviera otra denuncia presentada contra la propia Marina Córdoba. Sin embargo, esa causa nunca existió: la presentación fue desestimada de inmediato por la Fiscalía por falta absoluta de fundamentos. “Era una mera denuncia que buscaba empañar la credibilidad de la víctima, insinuando un rédito económico que nunca existió”, aclaró Medrano.
El planteo de prejudicialidad fue rechazado por la jueza de juicio y luego por el Tribunal de Impugnación. Pese a ello, la defensa insistió y presentó un recurso de inconstitucionalidad que ahora debe resolver la Corte. “Es un único planteo rechazado dos veces. La interpretación para llegar al recurso es muy forzada y sin verdadero sustento legal”, afirmó la defensora.
Mientras tanto, el escenario político avanza más rápido que el judicial. Este jueves Moreno asumirá como senador provincial, lo que obligará a un trámite adicional una vez que la Corte destrabe el expediente: el pedido de desafuero ante la Cámara correspondiente para poder fijar fecha de debate. “Ojalá los senadores tengan en cuenta que la mejor manera de demostrar transparencia es poner a disposición de la Justicia a uno de sus miembros, para que sea juzgado como cualquier ciudadano”, expresó Medrano.
La defensora también advirtió que, de no resolverse la cuestión antes de fin de año, la causa quedará inevitablemente frenada por la Feria Judicial de enero. La reactivación recién podría definirse en febrero, prolongando aún más la espera de la denunciante: “Ella busca justicia y ha sostenido este proceso en soledad frente a alguien que considera poderoso. Hubiésemos querido que la audiencia se fijara antes de la asunción, pero no ocurrió”.
Moreno, por su parte, nunca declaró durante la etapa investigativa. Podrá hacerlo en el juicio si así lo desea, aunque —como recordó Medrano— no está obligado a decir la verdad ni existe sanción penal si miente. Mientras tanto, su llegada al Senado se concretará con una causa penal pendiente y sin fecha de resolución.
