Una cautelar del Juzgado Federal de Tartagal ordena obras urgentes en un corredor convertido en un “mapa de pozos”, tras meses de parálisis en la obra pública nacional.
El Juzgado Federal de Tartagal ordenó al Estado nacional que, en un plazo máximo de 90 días, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) ejecute trabajos urgentes en el tramo de la ruta nacional 34 que une Yuto (Jujuy) con Salvador Mazza (Salta). La resolución se dictó en el marco de un amparo colectivo impulsado por el senador Sergio “Oso” Leavy, quien actuó en representación de más de un centenar de usuarios del departamento San Martín afectados por el deterioro extremo del corredor.
El fallo expone un cuadro que se agravó al ritmo del ajuste en la obra pública nacional: la ruta se transformó en un verdadero “mapa de pozos”, con banquinas desgastadas, alcantarillas colapsadas, zonas de anegamiento, falta de señalización y riesgos crecientes para automovilistas, transportistas y pasajeros. La jueza Ivana Hernández advirtió que el estado estructural de la vía compromete derechos esenciales como la vida, la integridad física, la salud y la movilidad de la población.
Durante el trámite del expediente, Vialidad Nacional respondió con demoras y una lista de obstáculos operativos. Admitió que desde hace más de un año no logra adquirir mezcla asfáltica para las rutas 34 y 50; reconoció licitaciones desiertas, contratos sin firma, proyectos ejecutivos sin avances y precios que no se convalidan. También señaló que las tareas se limitan a “las disponibilidades presupuestarias”, una referencia que deja en evidencia el fuerte desfinanciamiento del organismo.
La situación se inscribe en un contexto más amplio: desde el inicio de la gestión de Javier Milei y de Luis Caputo en Economía, más de 2.500 obras públicas fueron paralizadas en todo el país. En Salta, el impacto fue inmediato, con la suspensión de trabajos vinculados a rutas, escuelas, hospitales y sistemas de agua. Recién en mayo se adjudicó una compra acotada de asfalto, insuficiente incluso para cubrir intervenciones mínimas.
Con la cautelar vigente, la Nación deberá ahora garantizar trabajos concretos en uno de los tramos más transitados y estratégicos del norte argentino, cuya degradación acumulada lleva años encendiendo alarmas sin respuestas efectivas.
