Tras la eliminación de la regulación nacional sobre aranceles educativos, las instituciones privadas de Salta estiman subas moderadas. Desde el COPRODEC aseguran que en la provincia se mantendrá el control local sobre los incrementos.
La reciente decisión del Gobierno nacional de derogar la obligación de justificar y comunicar los aumentos en las cuotas de los colegios privados ya tiene su correlato en Salta. Aunque la medida libera a las instituciones del control previo por parte de las autoridades nacionales, en la provincia se mantendrán los mecanismos de regulación existentes.
El titular del Consejo Provincial de Educación Católica (COPRODEC), Agustín Montiveros, anticipó que los incrementos previstos para 2026 rondarán entre el 6% y el 10%, según las proyecciones de cada establecimiento.
“No va a haber grandes sobresaltos. Los aumentos son moderados y responden, como siempre, a la evolución salarial del sector docente”, aclaró el dirigente.
Montiveros explicó que la normativa provincial continúa vigente y obliga a las instituciones a notificar el valor de las cuotas del próximo ciclo lectivo antes del 30 de octubre. En ese marco, precisó que cada colegio define su esquema de actualización según su estructura de costos y modalidad de comunicación con las familias.
“Algunos aplican ajustes mensuales, otros bimestrales. Todo depende de la realidad de cada institución”, señaló.
El sistema provincial permite que los colegios con aporte estatal acompañen las subas salariales docentes, ajustando sus cuotas en la misma proporción. Por eso, el impacto final dependerá de las paritarias que se acuerden durante el año próximo.
Respecto al decreto nacional que eliminó la regulación previa de aranceles, Montiveros consideró que la intención oficial es brindar mayor previsibilidad al sistema educativo privado.
“Antes, los colegios debían sobreestimar sus costos por la falta de certeza frente a la inflación. Con esta medida, se busca que puedan proyectar de manera más realista”, opinó.
Aunque la decisión del Gobierno nacional marca un cambio de enfoque, en Salta la aplicación práctica será limitada: la regulación provincial seguirá garantizando que los aumentos sean informados y acordes a la realidad local, sin afectar el vínculo entre colegios y familias.
