El parate de la obra pública golpea de lleno al sector y deja a las empresas salteñas al borde del colapso.
La construcción atraviesa una de las crisis más profundas de las últimas décadas. Desde la asunción de Javier Milei, se estima que más de 600 mil puestos de trabajo vinculados a la obra pública se perdieron en todo el país, un derrumbe que impacta de manera directa en las provincias más dependientes de la inversión nacional.
En Salta, la paralización de proyectos se siente con fuerza: rutas sin mantenimiento, viviendas sin ejecutar, hospitales inconclusos y obras de saneamiento frenadas. La falta de financiamiento desde Nación dejó a muchas empresas locales reducidas a su mínima expresión, algunas sosteniendo apenas uno o dos empleados frente a una actividad prácticamente nula.
El contraste con Buenos Aires es evidente, ya que allí las compañías cuentan con un margen mayor para ejecutar proyectos privados que compensen la ausencia de contratos estatales. En cambio, en el interior la dependencia de la obra pública es determinante y el parate deja a cientos de firmas al borde del cierre.
El mercado laboral tampoco encuentra refugio en el sector privado: mientras que los grandes proyectos de infraestructura movilizan miles de empleos, la construcción de viviendas o locales comerciales no tiene la misma capacidad de absorción. Ingenieros, arquitectos y técnicos que antes se desempeñaban en planes estatales hoy se suman a la lista de desocupados, reduciendo además la capacidad de ejecución de nuevas iniciativas.
La combinación de incertidumbre macroeconómica y ausencia de obra pública configura un escenario crítico para la construcción, con consecuencias que se extienden a toda la cadena productiva.
