Organizaciones de familias advierten que la suspensión profundiza la crisis de cobertura y atención.
La decisión del Gobierno nacional de suspender la aplicación de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, mediante el decreto 681/2025, generó un fuerte rechazo en Salta. Las familias nucleadas en TGD Padres TEA consideraron que la medida agrava una situación que ya era crítica en materia de acceso a prestaciones, coberturas de salud y apoyos educativos.
La norma había sido impulsada tras años de reclamos y movilizaciones en todo el país, con el objetivo de garantizar un piso mínimo de asistencia y evitar la discontinuidad de servicios esenciales. Su suspensión, interpretan las organizaciones, constituye un retroceso que convierte a la discapacidad en una variable de ajuste.
En la provincia, padres y madres de niños con Trastorno del Espectro Autista y otras condiciones advierten que la medida deja a cientos de familias en un estado de mayor vulnerabilidad, justo cuando esperaban que la emergencia trajera alivio a las dificultades de acceso.
El malestar se multiplica porque la ley ya había sido sancionada, y para los colectivos vinculados a la discapacidad, el freno oficial representa no solo un golpe a las expectativas de las familias, sino también una señal preocupante sobre el rumbo de las políticas públicas en el área.
