El ministro de Economía de Salta cuestionó el veto presidencial a la ley que regula el reparto de fondos a las provincias. Asegura que los Aportes del Tesoro Nacional no pertenecen al Gobierno nacional, sino a todas las jurisdicciones.
Tras el veto del presidente Javier Milei a la ley que garantizaba un reparto automático y equitativo de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), el ministro de Economía de Salta, Roberto Dib Ashur, salió al cruce con duras críticas y advirtió que la Nación no tiene fundamentos para retener fondos que, asegura, le pertenecen a las provincias.
“El Gobierno no tiene ningún argumento para vetarla. Esos fondos no generan superávit ni pertenecen al Poder Ejecutivo nacional. Son parte de la coparticipación”, explicó Dib Ashur, en alusión al 1% que se detrae de los impuestos coparticipables —IVA, Ganancias y Bienes Personales— y se destina al fondo de emergencia de los ATN.
El funcionario remarcó que este dinero fue concebido para asistir a las provincias ante situaciones críticas, como desastres naturales, epidemias o emergencias económicas, y que el esquema de reparto fue acordado por el propio sistema fiscal federal. “Si hay un incendio, una inundación, un brote de dengue, lo que sea… ese fondo debe estar disponible, porque esa plata es de las provincias, no de la Nación”, sostuvo.
Entre $25.000 y $34.000 millones para Salta
De mantenerse el criterio de distribución de los ATN, Salta debería recibir entre 25 mil y 34 mil millones de pesos anuales, según estimaciones del Ministerio de Economía provincial.
Dib Ashur también apuntó que el sistema se basa en la confianza de las provincias hacia el Estado nacional, al permitirle custodiar ese porcentaje destinado a emergencias. “No tienen motivos para quedarse con ese dinero. No es del Gobierno nacional, es de todos los argentinos”, insistió.
El veto presidencial ya generó un primer revés en la Cámara de Diputados y este jueves el oficialismo enfrenta un nuevo desafío en el Senado, donde las provincias buscarán revertir la decisión de la Casa Rosada. El reparto de los ATN se convirtió en un nuevo frente de conflicto entre la Nación y los gobiernos provinciales, en medio de una delicada coyuntura económica y fiscal.
