El ministro de Economía de Salta criticó las proyecciones del gobierno nacional y destacó la autonomía provincial en la gestión de fondos, alertando sobre los recortes en educación y ciencia.
El ministro de Economía y Servicios Públicos de Salta, Roberto Dib Ashur, se refirió al reciente anuncio del presidente Javier Milei sobre las metas económicas para 2026, resaltando la importancia de la presentación del proyecto de Ley de Presupuesto Nacional. Según Dib Ashur, esta medida pone fin al manejo irregular de fondos por decretos y retorna a un esquema más formal y democrático.
Sin embargo, el funcionario salteño cuestionó las metas económicas propuestas, calificándolas de optimistas en un contexto de «gran incertidumbre». “Las proyecciones de inflación, tipo de cambio y crecimiento son muy difíciles de prever, porque hoy en Argentina hay mucha inestabilidad en todas las variables, tanto fiscales como políticas”, señaló Dib Ashur.
Por otro lado, destacó que Salta ya comenzó a trabajar en su propio presupuesto para 2026, con una visión federal y participativa que involucra a intendentes y legisladores locales. “Estamos haciendo un trabajo serio, rindiendo cuentas seis veces al año a la Auditoría y a la Legislatura, lo que nos permite ser transparentes en la gestión”, explicó.
Obra pública en Salta: un contraste con la Nación
En cuanto a la obra pública, el ministro remarcó que, mientras el Gobierno Nacional ha reducido su participación en la inversión pública, Salta sigue impulsando proyectos clave como la ampliación de autopistas, la construcción de la nueva terminal de Güemes, y el Hospital San Bernardo, financiados en parte por fondos internacionales.
Recortes en Educación: Un golpe a la autonomía provincial
Uno de los puntos más críticos para Dib Ashur fue el recorte en educación y ciencia, especialmente el aumento del 8% anunciado por Milei para este sector. “Este incremento se aplica sobre un presupuesto licuado, lo que significa que, en términos reales, es casi nada”, afirmó. Además, alertó sobre la eliminación de la Ley de Financiamiento Educativo, que garantizaba el 6% del PBI para la educación y el 1% para ciencia y tecnología, una medida que consideró un retroceso para el país.
La coparticipación y el veto de ATN: Un llamado a la justicia federal
Otro tema que Dib Ashur no pasó por alto fue la gestión de los fondos coparticipables. “El 70% de los impuestos recaudados por la Nación provienen de las provincias, y no podemos permitir que el gobierno central utilice ese dinero como su ‘caja chica'», sostuvo. En este sentido, también cuestionó el veto a la ley de reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), señalando que estos fondos son esenciales para cubrir emergencias y desastres naturales en todo el país. «No tiene justificación que la Nación se quede con esos fondos, que son de las provincias», concluyó.
