La provincia registra una de las tasas más altas del país. En cuatro años, se realizaron más de 20 mil abortos legales, con un porcentaje preocupante en niñas y adolescentes.
Desde la entrada en vigencia de la Ley 27.610, Salta se consolidó como una de las provincias con mayor tasa de interrupciones legales del embarazo. Entre enero de 2021 y agosto de 2025, se realizaron más de 20.000 abortos, según datos oficiales y de organismos de derechos humanos.
Solo en 2024, el Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM) reportó 4.621 interrupciones voluntarias (IVE) y 382 interrupciones legales (ILE) por violación o riesgo para la vida o salud. De ese total, 102 casos correspondieron a niñas de entre 10 y 15 años. El organismo advierte que detrás de estas cifras se esconden historias de violencia, abusos sexuales y vulneración de derechos, un “calvario silencioso y muchas veces ocultado”.
Pese a la vigencia de la norma, persisten barreras en el acceso: escasez de profesionales no objetores de conciencia, demoras administrativas y falta de efectores habilitados. El Hospital Materno Infantil, que atiende a medio millón de personas, dispone solo de cuatro ginecólogas para estas prácticas.
En 2022 el Ministerio de Salud contabilizaba 40 médicos no objetores en toda la provincia —apenas 14 más que un año antes—, número insuficiente para la demanda, sobre todo en el interior. A ello se suma la intermitente provisión de misoprostol y mifepristona, los medicamentos esenciales. “Tenemos ley, pero no tenemos medicación. El acceso está quebrado”, alertaron profesionales de la salud.
Especialistas coinciden en que Salta necesita no solo garantizar la plena aplicación de la ley, sino también fortalecer la educación sexual integral, la prevención de embarazos en niñas y adolescentes, y equipos interdisciplinarios de acompañamiento que incluyan psicología y trabajo social.
