El gobernador de Salta defendió a las personas con discapacidad tras las suspensiones de pensiones por parte de Nación y cuestionó el manejo centralista en la ejecución de políticas sociales.
En el marco del acto de inicio de la autopista del Valle de Lerma, el gobernador Gustavo Sáenz expresó su apoyo al amparo judicial presentado para frenar la suspensión de pensiones por discapacidad, una medida tomada por el Gobierno Nacional que afecta directamente a cientos de salteños.
Sáenz se refirió con preocupación al impacto social de estas decisiones y criticó lo que consideró una aplicación insensible de políticas públicas desde Buenos Aires, sin contemplar la realidad del interior profundo del país. El recurso judicial impulsado busca impedir que se quiten beneficios sin antes realizar las auditorías correspondientes, garantizando así el debido proceso y la protección de derechos básicos.
El mandatario advirtió que las condiciones geográficas y sociales de muchas zonas de Salta hacen que los procedimientos administrativos nacionales no puedan aplicarse mecánicamente. En parajes y comunidades rurales, donde no existen domicilios formales o numeraciones, los métodos de notificación son ineficaces, lo que termina perjudicando a los sectores más vulnerables.
Para el gobierno provincial, las suspensiones masivas de pensiones constituyen un acto de injusticia que debe ser revisado con urgencia. La medida, tomada de manera generalizada, desconoce no solo la complejidad territorial del norte argentino, sino también la dignidad de las personas afectadas.
El respaldo al amparo judicial se suma a una serie de gestiones que Salta viene impulsando para defender los derechos sociales en medio de un contexto nacional de ajuste. Sáenz dejó en claro que su administración no permitirá que decisiones tomadas desde el centro del país vulneren los derechos fundamentales de los salteños, especialmente aquellos que requieren protección especial del Estado.
