El Procurador General de Salta apuntó contra todas las concesionarias por los daños ambientales en Lomas de Olmedo y pidió ampliar las medidas cautelares.
En un dictamen clave para una de las causas ambientales más relevantes del norte argentino, el Procurador General de Salta, Pedro García Castiella, responsabilizó a YPF, President Petroleum y otras cinco empresas por la contaminación detectada en el área hidrocarburífera “Puesto Guardián – Loma de Olmedo X-10”, en el departamento Orán.
El documento fue presentado ante la Corte de Justicia provincial en el marco de la demanda iniciada por el Gobierno de Salta para lograr la reparación integral del daño ambiental. La acción judicial apunta a contener, mitigar y remediar los efectos de pasivos detectados en la zona de concesión, ubicada en jurisdicción de Pichanal.
García Castiella subrayó que todas las empresas que operaron en el área deben responder solidariamente, según lo establecido en la Ley General del Ambiente N° 25.675 y el Código Civil y Comercial de la Nación, que fijan una responsabilidad objetiva y mancomunada cuando no puede individualizarse el daño provocado por cada actor.
La causa involucra a las firmas President Petroleum S.A., YPF S.A., E.P.P. Petróleo S.A., Tripetrol Petroleum S.A., Netherfield Corporation, y Petrolera San José S.R.L., que fueron sucesivas concesionarias del área.
El dictamen responde también a una apelación presentada por President Petroleum, que se negó a asumir en soledad las exigencias de una medida cautelar dictada en junio por el Tribunal, la cual le impuso la instalación de cartelería de prevención, refuerzo del perímetro, restricción de acceso y contención de fluidos en el pozo cuestionado. La empresa alegó que no es responsable por daños causados antes de su gestión.
Sin embargo, el Procurador recordó que el Decreto Provincial N° 2174/2015 autorizó la cesión total de derechos y pasivos —incluidos los ambientales— entre empresas, lo que vincula directamente a las nuevas operadoras con las obligaciones heredadas.
Además, enfatizó que President Petroleum había comunicado un plan de abandono del pozo e incluso fue intimada a cumplirlo, lo que demuestra su conocimiento sobre el estado ambiental del área.
El dictamen concluye que las obligaciones cautelares deben mantenerse para President Petroleum, pero extenderse al resto de las empresas demandadas, que podrán ser convocadas para cubrir proporcionalmente los costos de saneamiento.
Con esta intervención, García Castiella refuerza el principio de que la protección ambiental es una obligación ineludible para todas las concesionarias, sin excepciones.
