La Justicia Federal confirmó la elevación a juicio oral y público de tres exfuncionarias municipales de Tartagal —la exdirectora de Asuntos de la Mujer y Diversidad, Carla Antonella Cordero, y sus excolaboradoras Sandra Mabel Domínguez y Celeste Abigail Robles— más el hijo de una de ellas, Lautaro Tomás Hurtado, acusados de cometer delito de concusión agravada.
Según la imputación, las acusadas exigían a mujeres, muchas en situación de vulnerabilidad y beneficiarias del programa federal Acompañar —destinado a mujeres y personas LGBTI+ en contextos de violencia de género— una entrega de 10 000 pesos mensuales durante seis meses a cambio de no dejarlas fuera del plan. Si dejaban de pagar, se les cancelaba el beneficio cambiando sus datos en el sistema
Las transferencias de dinero fueron dirigidas a cuentas bancarias vinculadas a las funcionarias, y en el caso de Hurtado, se lo señala como receptor —incluso en efectivo— de esos fondos ilegítimos, convirtiéndose en participe necesario del delito.
La fiscalía, encabezada por el fiscal federal de Orán, Marcos Romero, y con la asistencia de María del Carmen Núñez, impulsó la causa tras una denuncia inicial en noviembre de 2022, que siguió con más testimonios y documentos. Se obtuvieron medidas como el levantamiento del secreto bancario, allanamientos y análisis de transferencias bancarias que permitieron validar las denuncias
Durante la audiencia de formalización, la jueza Mariela Catalano consideró que existía evidencia suficiente para llevar el caso a juicio. Las defensas intentaron impugnar la acusación, pero sus argumentos fueron rechazados.
La Fiscalía solicitó penas de hasta cuatro años de prisión, además de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. También se pidió una multa equivalente a cuatro veces el perjuicio económico causado por el delito.
