La Justicia investiga una organización narcocriminal que operaba dentro del penal salteño. Involucra a agentes penitenciarios, familiares de detenidos e internos, con beneficios otorgados a cambio de dinero, drogas y favores.
Una estructura criminal con ramificaciones dentro y fuera del penal de Villa Las Rosas quedó expuesta tras una investigación que derivó en un juicio con múltiples imputados: funcionarios del Servicio Penitenciario, internos de la Unidad Carcelaria 1 y personas de su entorno familiar. Todos están acusados de integrar una red narcocriminal que operaba desde el interior de la cárcel, cobrando sobornos a cambio de beneficios.
La audiencia de debate se reanudó con el testimonio de siete testigos, entre ellos efectivos policiales y autoridades penitenciarias. El jefe de la Unidad de Delitos Económicos, a cargo de la pesquisa, describió el operativo como “de altísima complejidad”, debido al entorno cerrado y al hecho de que varios de los investigados aún estaban en funciones al momento de los allanamientos.
La causa se inició tras denuncias anónimas recibidas por la Fiscalía de Derechos Humanos. Las acusaciones apuntaban a celadores y jefes de pabellón que pedían dinero a cambio de permisos irregulares: salidas transitorias, traslados de pabellón, visitas sin requisa, mejores calificaciones de conducta y hasta el ingreso de objetos prohibidos como celulares, comida, bebidas alcohólicas y drogas.
Durante la investigación, que incluyó intervenciones telefónicas, seguimientos y análisis de cuentas bancarias y billeteras virtuales, se detectaron 703 movimientos financieros en solo cinco meses (noviembre de 2022 a abril de 2023), distribuidos en 113 cuentas vinculadas a 17 de los investigados.
Las escuchas revelaron cómo los internos, mediante contactos con sus familiares, canalizaban los pagos hacia los agentes penitenciarios. “Todo era un negociado dentro del penal”, relató uno de los investigadores. Señaló que incluso se detectaron favores gestionados para detenidos de la Alcaidía y que uno de los celadores imputados recogía directamente los paquetes con drogas y teléfonos en la casa de la madre de un recluso, también imputada.
Otro eje clave fue el análisis del lenguaje carcelario, ya que los implicados usaban códigos y evitaban dejar rastros. “Había una clara conciencia de que estaban cometiendo delitos y sabían cómo cubrirse”, aseguró el investigador.
La estructura, según explicó, se sostenía sobre tres pilares: los internos que solicitaban beneficios, los funcionarios penitenciarios que los gestionaban y los familiares que actuaban como nexos y operadores externos, coordinando pagos o entregas ilegales.
El proceso judicial continúa y se espera que en los próximos días declaren nuevos testigos. La causa podría derivar en penas severas por corrupción, narcotráfico y asociación ilícita.
