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Salta: Impidieron que el fiscal Snopek, acusado de violencia de género vuelva a trabajar

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Francisco Snopek, de Salta, gozó de una licencia psiquiátrica por tres años. Durante todo ese tiempo, cobró el 100 por ciento de su salario.

El fiscal federal de Salta Francisco Santiago Snopek se tomó una licencia psiquiátrica de tres años, en medio de un escándalo por denuncias de violencia de género, desobediencia judicial y abuso de poder. Además, está pendiente un jury en su contra. Durante todo ese tiempo, el funcionario del MPF cobró el salario completo. Esta semana, quiso volver a trabajar, pero no pudo: Carlos Amad, fiscal general de distrito, le prohibió el acceso al edificio de la Unidad Fiscal Federal de Salta, en la calle Caseros.

El último informe entregado al Departamento de Medicina Preventiva y Laboral del Poder Judicial de la Nación prorrogaba la licencia hasta este 20 de julio. En pocas palabras, Snopek había recibido el alta y nada le impedía regresar a su despacho por disposición de la Procuración General de la Nación. El proceso está paralizado desde mediados de 2022, cuando explotó el escándalo, debido a que el Senado de la Nación no designó a su representante.

El reintegro no fue posible por la determinación de Amad que argumentó su posición con dos aspectos básicos. El primero: está pendiente la conformación del Tribunal de Enjuiciamiento que deberá decidir su remoción de comprobarse “el haber incumplido el deber de observar buena conducta o por su ineptitud sobreviniente”. En ese sentido, tampoco se respondió a los pedidos de suspender al fiscal acusado.

El segundo punto que menciona Amad es sobre el efecto que podría producir la presencia de Snopek en la fiscalía. “Seguramente generará malestar en aquellas víctimas de su comportamiento que han prestado declaración testimonial, el sumario administrativo, como también en la causa que se instruye ante el fuero criminal de la provincia”.

El temor manifestado fue principalmente exteriorizado por las mujeres que trabajan en el edificio», reveló el fiscal, cuya decisión fue acompañada por Eduardo Villalba, también fiscal general.