Con la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) anunciada por el Gobierno, más de 5.000 puestos de trabajo están en riesgo, 189 de ellos en Salta, donde la medida genera rechazo en gremios y funcionarios.
El 8 de julio, el Gobierno nacional oficializó la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) mediante el Decreto 461/2025, en el marco de una reestructuración del sistema de transporte. La medida, que afecta a más de 5.000 trabajadores en todo el país, pone en peligro 189 empleos en la provincia de Salta, generando fuertes rechazos de gremios, funcionarios y legisladores.
Creada en 1932, la DNV era responsable del mantenimiento y fiscalización de más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales, garantizando la conectividad entre provincias y localidades rurales, así como el acceso a pasos internacionales. La eliminación del organismo ha sido calificada como una de las decisiones más drásticas en términos de infraestructura pública desde el inicio de la actual administración.
En Salta, donde las rutas nacionales ya presentan un evidente deterioro, la preocupación es mayor. El ministro de Producción, Martín de los Ríos, alertó que la falta de mantenimiento vial “pone en riesgo la vida” de los salteños y advirtió sobre el impacto del sistema de peajes, que podría resultar inalcanzable para los trabajadores y productores del interior. “Vamos a quedar aislados”, señaló.
Los sindicatos Utravis y el Sindicato del Personal de Vialidad Nacional también han expresado su preocupación, denunciando despidos masivos, la paralización de obras viales y la precarización laboral. Además, criticaron la falta de aumentos salariales y el clima de incertidumbre generado por la disolución del organismo.
Esta medida se suma a la disolución de otros organismos clave, como la Agencia Nacional de Seguridad Vial. En su lugar, el Ejecutivo nacional anunció la creación de una nueva Agencia de Control de Concesiones, cuya gestión estará orientada al mercado.
