El acusado señalado como jefe de la organización se resistió a los tiros e hirió a un comandante de la Gendarmería. Hay otros tres imputados. Especulan que lograron ingresos ilegales por al menos 2.400.000 dólares
Cuatro sospechosos fueron formalmente imputados por el delito de contrabando de exportación agravado en el marco de una investigación encabezada por el fiscal general Eduardo Villalba, titular de la Fiscalía de Distrito de Salta, tras un operativo desplegado en la frontera con Bolivia.
La banda, según los investigadores, logró sacar del país más de 30 toneladas de aceite de soja a través de un sistema de mangueras conectadas desde la localidad salteña de Salvador Mazza hasta la ciudad boliviana de Pocitos.
En el procedimiento, que se hizo el pasado viernes, uno de los imputados—señalado como jefe de la organización—abrió fuego contra un comandante de Gendarmería Nacional, provocándole heridas en un brazo.
La imputación fue presentada durante una audiencia de formalización celebrada ante el juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, donde se detallaron las maniobras investigadas desde enero de 2024.
Según expuso la fiscal general adjunta Mariana Gamba Cremaschi, junto al auxiliar fiscal Jorge Viltes Monier, el cabecilla del grupo, identificado como F.S.G., fue acusado como autor mediato del delito de contrabando agravado, en concurso real con tentativa de homicidio doblemente agravado: por el uso de arma de fuego y por tratarse de un funcionario público en ejercicio de sus funciones.
De acuerdo a la hipótesis fiscal, el grupo venía desarrollando esta actividad ilícita desde el año 2022, con una operatoria que consistía en adquirir aceite de soja, tanto neutro como refinado, en plantas aceiteras de la provincia de Santa Fe, a nombre de una empresa de papel.
Luego, los camiones cisterna regresaban a Salvador Mazza, donde descargaban la mercadería en un inmueble identificado como “Don Ramón”.
Desde allí, el aceite era traspasado a camiones más pequeños y conducido hasta un predio en el paraje “El Chorro”, ubicado en la franja fronteriza. En ese punto, los acusados tendían largas mangueras que atravesaban la línea limítrofe y conectaban con otros vehículos apostados del lado boliviano, donde se completaba la maniobra de exportación clandestina.
En la audiencia, los representantes del Ministerio Público Fiscal pusieron el foco en la magnitud económica del caso. Según estimaciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP-DGA) y de la Administración de Rentas de la Provincia de Salta (ARCA), el contrabando ejecutado por la organización entre 2022 y 2024 generó ingresos ilegales por al menos 2.400.000 dólares, y provocó un perjuicio fiscal estimado en 720.000 dólares por derechos de exportación no ingresados.
A eso se suma la falta de liquidación de divisas en el mercado cambiario oficial, cuyo impacto económico aún no fue cuantificado.
