La jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, ordenó este lunes que la República Argentina transfiera el 51% de las acciones clase D de YPF a los beneficiarios del juicio por la expropiación de la petrolera en 2012. La decisión judicial representa un fuerte golpe económico y simbólico para el país, en el marco del litigio impulsado por los fondos Burford Capital y Eton Park.
El fallo obliga a que estas acciones —hoy bajo control estatal a través del holding IEASA— sean depositadas en una cuenta de custodia del Bank of New York Mellon dentro de un plazo de 10 días hábiles. Luego, deberán ser transferidas formalmente a los demandantes. Se trata de una ejecución parcial de la sentencia de 2023, que condenó a la Argentina a pagar más de 16.000 millones de dólares por no haber lanzado una oferta pública de adquisición (OPA) al momento de la nacionalización.
Desde el Gobierno argentino señalaron que aún queda la posibilidad de apelar la medida, lo que podría demorar el proceso y abrir una ventana para posibles negociaciones. Sin embargo, la orden marca un precedente sin antecedentes: nunca antes se había ordenado la entrega forzosa de acciones de una empresa nacional en el exterior como parte de un pago judicial.
La repercusión en los mercados no tardó en llegar. Las acciones de YPF cayeron entre un 5% y un 8% en la Bolsa de Nueva York tras conocerse el fallo, mientras que los títulos de Burford Capital subieron de forma inmediata, reflejando el optimismo de los inversores frente al avance del caso.
La disputa se origina en la decisión del gobierno argentino de expropiar YPF sin respetar el estatuto que obliga a realizar una oferta a los accionistas minoritarios. El fondo Burford compró los derechos de litigio de la empresa Petersen Energía —ligada al grupo Eskenazi— y llevó adelante la demanda en Estados Unidos.
La transferencia del paquete accionario no implica una pérdida automática del control operativo de YPF, pero representa un riesgo a futuro, ya que los nuevos tenedores podrían reclamar influencia en las decisiones estratégicas de la compañía o revender los títulos en el mercado internacional.
Mientras tanto, el país suma un nuevo frente judicial y financiero en un contexto de restricciones externas, presión fiscal y necesidad de renegociar múltiples pasivos. El caso YPF vuelve a encender el debate sobre la legalidad, la oportunidad y las consecuencias de la política energética argentina de la última década.
