La Municipalidad de Salta calcula un perjuicio de al menos $120 millones por maniobras de fraude durante la gestión de Bettina Romero. Ya hay imputados, pero se esperan más.
El caso sacude los cimientos del municipio salteño: la remodelación de la histórica plaza 9 de Julio está bajo la lupa judicial por presuntas facturaciones truchas, sobrecertificaciones y desvío de fondos públicos que podrían superar los 120 millones de pesos, según confirmó el procurador municipal, Matías Risso.
Las imputaciones fueron formalizadas por la fiscal penal subrogante de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Inés Salinas Odorisio, y apuntan a exfuncionarios de la gestión de Bettina Romero y a empresarios vinculados a la ejecución de la obra.
“El esquema era claro: certificaban obras falsas —por ejemplo, en barrio 20 de Junio— y con ese respaldo movían la plata hacia la plaza 9 de Julio. Se falseaban las certificaciones para justificar gastos en otra obra no declarada”, explicó Risso. Esta modalidad fue detectada en al menos seis proyectos diferentes.
Entre los imputados figuran Luis Racioppi, exresponsable de Obras Públicas, e inspectores de obra que avalaron las certificaciones. También fue imputado Daniel Nallar, exfuncionario de Legal y Técnica, por omisión de denuncia: habría tenido conocimiento de las maniobras pero no las reportó.
El impacto económico aún se calcula, pero las estimaciones preliminares indican que el presupuesto original de la plaza se habría multiplicado por cuatro o cinco veces. “Estamos atando todos los cabos. La cifra de $120 millones es de hace tres años, actualizada sería mucho mayor”, detalló Risso.
La Municipalidad ya se constituyó como querellante y se prepara para reclamar el resarcimiento económico correspondiente. Además, el expediente no está cerrado: podrían sumarse nuevas imputaciones en los próximos días. Una de las figuras señaladas es la exsecretaria de Desarrollo Urbano, María Eugenia Angulo, quien ya fue denunciada.
“La instrucción es clara: todo funcionario que haya tenido una participación en el menoscabo del patrimonio municipal deberá responder ante la Justicia”, cerró Risso.
