El gobierno salteño se suma a Nación en una polémica limpieza de beneficiarios sociales. Habrá relevamientos para detectar a quienes cobran sin residir en el país.
Salta se prepara para auditar el mapa social de la provincia con una iniciativa que, según el Gobierno, busca priorizar a los residentes argentinos en el reparto de beneficios. Bajo la consigna de “un acto de justicia”, el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada, anunció que la provincia acompañará activamente la decisión nacional de retirar planes sociales a extranjeros no residentes.
El operativo incluiría un censo territorial para detectar casos en los que los beneficios sociales estén siendo percibidos por personas que no viven en el país. Según Villada, se trata de una respuesta a un reclamo “histórico” de los salteños. “Hay que proteger al que está acá, al que realmente necesita y cumple con las condiciones”, señaló.
El anuncio llega en sintonía con las recientes declaraciones del gobernador Gustavo Sáenz, quien expresó su respaldo a la reforma migratoria impulsada desde Casa Rosada. En redes sociales, Sáenz destacó la importancia de revisar el padrón de beneficiarios sociales “con criterio y sentido común”.
Villada también apuntó contra lo que describió como mecanismos irregulares: “Hemos detectado casos de personas que se anotaban con domicilios inexistentes —una esquina, un puente— solo para acceder a un plan. Después cobraban, votaban y se iban. Eso es clientelismo disfrazado de ayuda social”, disparó.
La medida se da en un contexto de tensión por los recortes a jubilados y otras franjas vulnerables. “Si no hay plata, hay que priorizar. El sistema debe ser justo y sustentable”, sentenció el ministro.
Mientras la Nación avanza en su reingeniería social, Salta se alista como terreno de pruebas. El gobierno provincial no solo acompaña: quiere liderar el filtro.
