El ajuste en tarifas de luz y gas golpea con fuerza a jubilados y familias salteñas. La falta de inversión agrava los apagones en el norte provincial.
La política de ajuste impulsada por el Gobierno Nacional llegó al bolsillo de millones de argentinos: unos 2,1 millones de hogares fueron dados de baja del esquema de subsidios a la energía, en una medida que ya genera fuertes repercusiones, especialmente en el Norte argentino. En Salta, los efectos son dobles: tarifazos y cortes de luz recurrentes que exponen la fragilidad del sistema.
Así lo confirmó Carlos Saravia, presidente del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), al referirse a la Resolución 218/2025, que redefine el esquema de asistencia energética en todo el país. “Los subsidios amplios ya no existen. Ahora se mira caso por caso, y muchos quedaron afuera pese a estar en condiciones económicas graves”, señaló el funcionario en diálogo con La Mañana.
Según detalló, el 60% de los usuarios que perdieron el subsidio son jubilados, un dato que enciende alarmas en provincias como Salta, donde el acceso a servicios básicos ya era precario. Los cortes de luz son frecuentes en el norte salteño —desde Urundel hacia la frontera con Jujuy—, y se agravan cuando colapsa el sistema jujeño. “Cuando Jujuy se cae, Salta también queda sin suministro. El sistema es frágil y desinvertido”, advirtió Saravia.
El recorte también dejó en evidencia graves fallas en la administración de datos públicos: el 10% de los usuarios de Aguas del Norte están registrados a nombre de personas fallecidas, según el propio ENRE. “Es inaceptable. Esto habla de un Estado que no se actualiza ni protege a sus ciudadanos”, cuestionó Saravia.
Además, exigió que las empresas compensen los daños provocados por los cortes, especialmente los electrodomésticos quemados por los picos de tensión. “No todo puede ser ajuste. Están afectando a los que menos tienen”, subrayó.
Mientras tanto, miles de usuarios en el norte del país enfrentan servicios más caros y menos confiables, en medio de un contexto donde el invierno asoma y el consumo energético se incrementa. El reclamo es claro: una política tarifaria más justa y una inversión urgente en infraestructura.
