Un informe televisivo reveló que el ingreso de mercadería ilegal continúa sin freno, pese a la millonaria inversión en infraestructura.
Un informe del noticiero Telenoche dejó al descubierto una cruda realidad en la frontera norte del país: el contrabando continúa a gran escala en la provincia de Salta, a pesar de las recientes inversiones para reforzar la seguridad fronteriza.
En el límite con Bolivia, Paraguay y Brasil, miles de personas cruzan mercadería ilegal a diario por pasos no habilitados. La instalación de un alambrado de 250 metros en Aguas Blancas —obra que costó más de $36 millones— no logró frenar el flujo de productos sin declarar, que siguen ingresando al país sin ningún tipo de control efectivo.
Una postal alarmante
Las imágenes difundidas son contundentes: menores de edad cargando hasta 120 kilos en la espalda, descalzos o en ojotas, cruzando por senderos de tierra junto al río. En la zona de la triple frontera, embarcaciones colmadas de mercadería —desde neumáticos y ropa hasta electrodomésticos— cruzan libremente el río.
“Cruzamos todas las veces que se pueda por día. Hay patrones acá que se llevan millones. Es imposible que esto se corte”, relató un pasero frente a las cámaras.
El informe también muestra a efectivos de Prefectura navegando sin intervenir, y a contrabandistas utilizando handies para advertirse entre sí ante posibles controles. “Lo que más me impactó fue ver chicos ahogándose. El otro día chocaron dos lanchas y murió un muchacho”, contó otro trabajador informal.
Un plan que no logra impacto
Desde diciembre pasado, el Gobierno nacional y la provincia impulsan el Plan Güemes, una estrategia conjunta que busca combatir el contrabando, la trata de personas y el narcotráfico en los principales pasos fronterizos. En Aguas Blancas se construyó un cercado para delimitar la zona segura entre la terminal de ómnibus y el paso formal hacia Bermejo, Bolivia.
Sin embargo, la medida parece no alcanzar: los pasos informales siguen siendo utilizados con total impunidad. “Gendarmería, Prefectura y la Policía Federal están presentes, pero casi no intervienen. Los agentes miran y a veces frenan a alguien. Pero acá pasa de todo”, denunció un residente local.
Realidad versus inversión
La situación es similar en Salvador Mazza, donde la frontera con Yacuiba (Bolivia) está desbordada. Estacionamientos privados funcionan como pseudo aduanas sin presencia del Estado, y el control oficial es escaso o inexistente. Vecinos aseguran que hay complicidad de algunas fuerzas de seguridad con los contrabandistas.
Mientras tanto, la actividad ilegal mueve millones de pesos por día. Y son los sectores más vulnerables —niños y jóvenes sin oportunidades— quienes arriesgan su vida en cada cruce, convertidos en los eslabones más débiles de una cadena que parece no tener fin.
