Una auditoría federal expuso un esquema sistemático de corrupción en la entrega de pensiones por invalidez. La Justicia investiga una red integrada por médicos, funcionarios y empleados públicos.
Una megainvestigación judicial sacude a la provincia de Salta tras la detección de casi 20 mil pensiones no contributivas por invalidez otorgadas de manera irregular. La trama, que podría derivar en cientos de imputaciones, involucra a profesionales de la salud, agentes administrativos y funcionarios de distintos niveles, y forma parte de una causa federal que ya suma antecedentes en otras provincias del norte argentino.
Todo comenzó en Taco Pozo, una localidad chaqueña limítrofe con Salta, donde se descubrió que certificados médicos falsos eran utilizados para tramitar beneficios previsionales. Las alarmas se activaron cuando se comprobó que un médico con consultorio en Joaquín V. González emitía documentación falsa que luego se usaba en trámites en Chaco. Desde allí, el caso escaló rápidamente a nivel nacional.
Según el fiscal federal Carlos Amad, la maniobra se replica a gran escala en Salta. “Estamos hablando de montos escandalosos y de una organización compleja que opera desde hace años”, advirtió. El fiscal detalló que ya trabajan con pruebas contundentes: documentos apócrifos, estudios médicos duplicados y certificados con imágenes recicladas, algunos tan absurdos como una radiografía veterinaria presentada como prueba humana.
En Taco Pozo, entre 2020 y 2023, se otorgaron 740 pensiones bajo esta modalidad fraudulenta. La causa ya tiene 13 imputados, incluidos el intendente Carlos Ibáñez, empleados de ANSES y tres médicos, entre ellos Rafael Lenín Azañero Anaya, exdirector del hospital de Joaquín V. González.
Las irregularidades también alcanzaron a empleados de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), quienes debían auditar y aprobar los trámites. En muchos casos, se detectaron beneficiarios que pagaban sumas de hasta 30 mil pesos para acceder a la pensión, violando todos los protocolos.
De acuerdo con datos oficiales, en Salta se están auditando 58.223 beneficios, y las primeras estimaciones indican que solo 7 de cada 100 cumplen con los requisitos legales. Localidades como El Quebrachal, Talavera y el propio Joaquín V. González están bajo la lupa judicial.
El vocero presidencial Manuel Adorni se refirió al escándalo en una reciente conferencia de prensa: “La radiografía de un hombro fue usada en 150 trámites distintos. ¿Cómo nadie lo notó antes?”, expresó con tono de indignación.
Entre 2003 y 2023, las pensiones por invalidez crecieron de 79.000 a más de 1.224.000 en todo el país, lo que representa un aumento de más del 1.400%. Solo el último año, el Estado estima una pérdida de más de 3.400 millones de dólares por pagos irregulares.
Con allanamientos, pericias y citaciones en curso, la Justicia apunta a desarticular una estructura que, según los investigadores, funciona como una asociación ilícita, con múltiples niveles de responsabilidad. La caída de esta red podría ser apenas el primer capítulo de un escándalo de alcance nacional.
