Centros de salud públicos advierten la escasez de insumos esenciales para la salud sexual y reproductiva. El impacto golpea con fuerza a los sectores más vulnerables.
La red pública de salud en Salta atraviesa una situación crítica: desde hace más de un mes no se reciben preservativos, anticonceptivos orales, inyectables ni implantes subdérmicos. Así lo advirtieron trabajadores del sistema sanitario, quienes señalan que el faltante responde a una fuerte reducción en los envíos por parte del Gobierno nacional.
El preservativo, además de ser el método anticonceptivo más accesible, es el único que previene infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH. Su ausencia en los centros de salud representa un riesgo directo para la salud pública, especialmente para quienes dependen exclusivamente del acceso gratuito a estos insumos.
La situación se da en el marco de un ajuste presupuestario que afecta de lleno las políticas nacionales en salud sexual y reproductiva. Según un informe del Centro de Datos de Chequeado, la gestión de Javier Milei redujo la distribución de preservativos de 4,4 millones en 2023 a solo 2,4 millones en 2024, lo que representa una caída del 45,5%. Los anticonceptivos de larga duración también fueron afectados: de los más de 65 mil implantes subdérmicos previstos, solo se distribuyeron 21.770.
Pero la crisis no termina ahí. Durante los primeros nueve meses de 2024, el Ministerio de Salud no distribuyó ninguno de los tratamientos con misoprostol y mifepristona, esenciales para garantizar el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), legal desde 2021.
A este escenario se suma el desfinanciamiento de políticas educativas y de contención. El proyecto de Presupuesto 2025 elimina por completo los fondos destinados a la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI), vigente desde 2006. Este año ya se había recortado un 68% de su asignación. También quedaron sin financiamiento el Patrocinio Jurídico Gratuito para víctimas de abuso sexual, el Programa Acompañar y la Línea 144, herramientas clave para prevenir y asistir en situaciones de violencia de género.
Desde el Gobierno nacional justifican los recortes señalando que las provincias deben asumir un mayor rol en la provisión de estos servicios. Sin embargo, la falta de respuesta pone en jaque derechos fundamentales y deja a miles de personas sin acceso a herramientas básicas para el cuidado de su salud.
