La Cámara de Diputados de Salta dio media sanción a un proyecto de ley que busca establecer un marco regulatorio para los sistemas de cobranzas extrajudiciales. Este marco legal tiene como objetivo proteger los derechos al honor, la intimidad y un trato digno del presunto deudor, así como garantizar el derecho a la información. Pasó al Senado.
La ley designa a la Secretaría de Defensa del Consumidor de la Provincia como autoridad de aplicación y define varias conductas de acoso al deudor moroso, incluyendo el contacto con personas cercanas al deudor, el envío de reclamos que parecen notificaciones judiciales, y las comunicaciones intimidantes o humillantes.
Además, la ley establece que las empresas que gestionan cobros extrajudiciales deben tener oficinas en Salta para atender a los deudores en persona. Las empresas acreedoras que derivan el cobro de sus créditos a agencias de cobranzas son responsables de garantizar esta atención presencial. Finalmente, la ley requiere que los acreedores informen a los deudores cuando derivan las gestiones de cobro a una agencia de cobranza.
