El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) enfrenta una situación delicada debido a la combinación de dos factores: la reducción de fondos por parte del Gobierno Nacional y la falta de cumplimiento de pago por parte de los beneficiarios. A modo de ejemplo, el presidente del IPV, Gustavo Carrizo, explicó que el IPV entregó 157 viviendas en Metán, con una cuota mensual de 90 mil pesos, pero lamentablemente, solo se ha abonado a la fecha 30% de dicha cuota. Aunque la moratoria ha disminuido en la provincia, aún supera el 30%.
Carrizo también planteó por Aries alternativas para reactivar las construcciones detenidas. Una de ellas es trabajar con constructoras privadas y permitir que los beneficiarios realicen aportes extras. Sin embargo, también señaló la problemática de aquellos propietarios que no cumplen con sus obligaciones financieras.
Actualmente, el IPV tiene 2 mil viviendas en proceso de ejecución, con diferentes niveles de avance. El 45% de estas viviendas en la zona de Pereyra Rozas supera el 70% de avance, mientras que el 30% restante se encuentra en el interior de la provincia.
El principal obstáculo para la finalización de las viviendas es el recorte de fondos provenientes del Gobierno Nacional. Además, la falta de compromiso de algunos beneficiarios al no pagar sus cuotas también afecta el proceso. Carrizo confesó que no hay presupuesto para terminar las obras, y la solución podría estar en los aportes adicionales de los beneficiarios y la colaboración de la provincia. En resumen, el círculo no es virtuoso: la inflación no acompaña el proceso de recuperación, y los créditos UVA no siempre son la respuesta.
