Hoy se cumplen los cinco días otorgados para apelar la resolución emitida el viernes por Cáceres de Moreno que alcanza al monseñor, al sacerdote Lucio Ajaya, al obispo emérito Martín de Elizalde y al vicario judicial Loyola Pinto y de Sancristóval.
El abogado del arzobispo de Salta, Mario Cargnello, apeló la resolución judicial dictada el viernes para que el religioso se capacite en cuestiones de género y haga un tratamiento psicológico. La resolución la firmó la jueza de Violencia Familiar y de Género, Carolina Cáceres Moreno, quien interviene en el proceso iniciado por las monjas de clausura del convento San Bernardo.
El abogado Eduardo Romani apeló en nombre del arzobispo y Ajaya, mientras que Pablo Pfister lo hizo por De Elizalde y Carlos Cornejo Costa por el vicario judicial. La resolución de la jueza salió después de que Romani pidiera el cierre del proceso cautelar iniciado en la Semana Santa del 2022 porque se cumplieron los dos años “sin novedades”.
En el monasterio, ubicado a pocas cuadras de la catedral de Salta, se mantiene la custodia policial y siguen vigentes las medidas de restricción contra los cuatro sacerdotes acusados por las monjas.
En su resolución Cáceres de Moreno señaló que los sacerdotes acusados por la monja tienen » desconocimiento tanto de la normativa vigente en la materia [de género] como de la conceptualización de la violencia de género y perspectiva de género”, para quienes es una cuestión de “sensibilidad de las denunciantes… paranoia… ideología… desobediencia… de carácter o mal humor…”.
Para la jueza esa situación es de “suma gravedad en autoridades eclesiásticas” y está “probado” que hubo violencia. La existencia de violencia no fue considerada probada por la Fiscal Penal a la que ella misma le corrió vista antes.
