La fiscalía penal de Rosario de la Frontera solicitó la elevación a juicio de la causa que investiga una serie de irregularidades cometidas por funcionarios y empleados municipales entre 2018 y 2020. Se trata de la emisión de cheques municipales para la compra de bienes que nunca fueron entregados, y que terminaron en manos de un empleado que los cobró. Además, se acusa a los imputados de haber intentado obstruir la investigación y de haber falsificado documentos., entre los impitados se encuentra Silvia Mónico hermana del intendente de Rosario de la Frontera, Gustavo Solís.
Los imputados son la ex secretaria de Hacienda de la Municipalidad, Silvia Carolina Solís Mónico, de 39 años, el ex empleado municipal Walter Gastón Pozzo, y la comerciante Lorena Erica Scarano. Según la fiscalía, Solís Mónico habría utilizado su cargo para realizar contrataciones irregulares con proveedores que no existían o que no entregaban los bienes pactados. Entre los bienes que se habrían adquirido de forma fraudulenta se encuentran elementos de iluminación, ropa de trabajo, repuestos para vehículos, y artefactos eléctricos de uso personal.
Para realizar estas operaciones, Solís Mónico habría emitido cheques de la cuenta de la Municipalidad, que luego eran endosados por los proveedores y cobrados por Pozzo, quien era su cómplice. De esta forma, se habría apropiado de fondos públicos destinados a la gestión municipal.
La fiscalía también acusa a Solís Mónico de haber interferido en la investigación al comunicarse con uno de los proveedores para indicarle lo que debía declarar ante el fiscal. Asimismo, se le imputa haber falsificado un instrumento privado para justificar una de las compras realizadas.
Por su parte, Scarano habría ayudado a Solís Mónico a evadir la justicia al interceder con el dueño de un local comercial para que actuara en su favor, eludiendo así las pesquisas en su contra. Este hecho fue comprobado mediante filmaciones aportadas por un testigo.
El fiscal penal Nicolás Rodríguez López consideró que se han reunido los elementos suficientes para formalizar la acusación contra los tres imputados como autores de los delitos de administración fraudulenta, encubrimiento agravado por la condición de funcionario público, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsificación de instrumento privado, obstrucción a la justicia en perjuicio de la administración pública y la administración de justicia, todo ello en concurso real.
