La reducción de las asignaciones discrecionales a las provincias, anunciada por el Ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, como parte del pacto con el FMI, ha generado una serie de dificultades financieras para varios municipios de Salta, que se encuentran incapaces de abonar los salarios y bonos a sus empleados.
Un caso particularmente severo es el de General Güemes, donde el intendente, Carlos Rosso, culpó a la administración previa de dejar un excesivo personal municipal, con más de 600 empleados, de los cuales 90 se volvieron permanentes en los últimos seis meses. Rosso afirmó que esta situación agota los recursos del municipio y que no puede costear el bono y el salario de la segunda mitad de diciembre.
La mayoría de los municipios de Salta están en una situación parecida, y que dependen en gran medida de la coparticipación provincial. En el Valle de Lerma, solo tres localidades podrán pagar el bono: Chicoana, Quijano y Coronel Moldes. En el norte, es peor, sólo Orán y Tartagal. Metán puede, pero Rosario de la Frontera, apenas con los sueldos.
Los intendentes solicitan al gobierno nacional que reconsidere la decisión de recortar las asignaciones discrecionales, que son aquellas que no están regidas por una ley que establezca criterios objetivos de distribución, sino que quedan a la discreción política. Estas asignaciones representan el 0,7% del PBI, y se espera que el recorte sea del 0,5%, es decir, cerca del 70% del total.
Los municipios de Salta también piden al gobierno provincial que los asista con fondos extraordinarios para poder cumplir con sus obligaciones salariales y brindar los servicios básicos a los ciudadanos. Algunos intendentes, como el de La Caldera, han comenzado a justificar la falta de servicios y la falta de respuestas a los ciudadanos por la crisis económica.
