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Trata de personas: un balance sobre el sistema acusatorio en Salta

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El Fiscal Federal de Salta, Dr. Eduardo José Villalba, trazó un balance de las ventajas del sistema acusatorio en la lucha contra el delito de trata de personas, que garantiza «mayor rapidez y eficacia en la investigación penal y una reparación a las victimas, en un plazo mucho más corto que el sistema tradicional». El sistema acusatorio hoy esta vigente en las provincias de Salta y Jujuy, a la espera de su implementación en todo el país.

El sistema mixto se caracteriza porque la investigación está fragmentada en etapas, con actores distintos que integran compartimentos estancos (juez de instrucción, juez de Cámara, jueces de juicio; fiscal de instrucción, de cámara, de juicio) y que se prolonga durante años (3 años en promedio de plazo instrucción). «Por lo tanto, la acción de la justicia en el mejor de los casos se limita a irrumpir en el negocio ilícito y rescatar a las víctimas, abandonándolas luego a su suerte» explicó Villalba .

«En cambio, el sistema acusatorio, que implica una justicia con rostro humano (se abandona la cultura del expediente), se caracteriza por una investigación eficaz de calidad y desformalizada, y, lo que es mas importante, esta es llevada a cabo por el fiscal del caso, quien comienza la causa y la finaliza» continúa; razón por la cual, en el breve tiempo que lleva implementándose en la Justicia de Salta y Jujuy, se ha podido llevar a cabo todo el proceso en un promedio de un año: detectar el problema, investigarlo, rescatar a las víctimas, enjuiciar y condenar a los captores, fijar una reparación a las víctimas y recuperar los beneficios del delito para otorgarle el destino de ley. Ello se ha logrado en causas de alta complejidad (sectas).

En lo atinente a la trata laboral, «los resultados han sido altamente esperanzadores, a poco que se repare que, abandonando el sistema de enjuiciamiento acusatorio», se han alcanzado acuerdos conciliatorios, donde el imputado, ante la amenaza de una grave sanción penal accedió a reparar a la víctima, mejorar su salario y sus cargas sociales ante los diversos organismos del Estado.