En mayo de 2000 se produjo un motín en la Unidad Carcelaria 3 de San Ramón de la Nueva Orán. Durante la protesta de los reclusos un efectivo del Servicio Penitenciario se ofreció a reemplazar a uno de los rehenes que se había descompensado y fue objeto de malos tratos y amenazas.
Producto de aquel episodio el hombre sufrió secuelas psicológicas que se agravaron posteriormente hasta derivar en su retiro definitivo. Luego de ser tomado como rehén una comisión médica le diagnosticó una incapacidad del 5 por ciento por una reacción vivencial anormal neurótica recomendando cambio de funciones y tareas que no impliquen contacto con internos.
El hombre sufrió una nueva descompensación psicológica y comenzó con una licencia psiquiátrica que fue concedida como accidente de trabajo hasta el pase a retiro obligatorio. Por esta razón el hombre inició una acción por los daños y perjuicios ante la justicia.
“El derecho resarce la incapacidad profesional que es la pérdida de aptitud para seguir percibiendo el mismo ingreso por no poder seguir desempeñando la misma ocupación que se ejercía anteriormente.» dice el fallo. Valoraron entonces la edad del hombre, los recibos de sueldo y las condiciones personales en función de los cuales se fijó la suma de 700 mil pesos en concepto de daño material debiéndose aplicar intereses computables desde el momento del hecho dañoso.
