Adrián Antonio Vera, uno de los principales condenados por el robo de caños en Aguaray en 2020, ahora quedó acusado de organizar el ingreso y la venta de drogas en el Complejo Penitenciario NOA III, donde cumplía la pena impuesta por robo agravado. También imputan a su pareja y un efectivo del Servicio Penitenciario Federal que, según la pesquisa, recibió pagos por casi siete millones y medio de pesos por el “negocio”.
En el marco de una investigación penal, el fiscal federal Ricardo Toranzos imputó al empresario Adrián Antonio Vera —condenado anteriormente por el robo de caños en Aguaray— por confabulación para la venta de estupefacientes y cohecho activo. Se lo acusa de haber organizado, mientras cumplía condena en el penal federal de Salta, el ingreso y comercialización de drogas dentro del penal.
También fueron imputados su pareja, Jazmín Valeria Borruto, por cohecho activo, y un guardia penitenciario, Gustavo Adolfo Lazo, por confabulación, cohecho pasivo e incumplimiento de deberes. Las pruebas surgieron de intervenciones telefónicas, en las que se registraron comunicaciones entre Vera y Lazo coordinando operaciones ilegales, incluyendo pagos, entrega de drogas y otros beneficios.
La fiscalía solicitó medidas de coerción —como prohibición de salida del país y controles periódicos— debido a la gravedad del hecho y el riesgo de fuga, medidas que fueron aceptadas por el juez. Además, se autorizó un plazo de 120 días para continuar la investigación y realizar pericias pendientes.
